A río revuelto….

Eduardo Higuera Bonfil

 

Calumniad, calumniad que algo quedará.

Voltaire

 

Hay muchas razones preocupantes en los señalamientos de la UIF en contra de José Luis Vargas Valdés, flamante magistrado presidente de la Sala Superior del TEPJF.

Una de ellas es la sombra de sospecha que la actuación de la misma unidad ha proyectado, lo que ha llevado a algunos a señalarla como brazo represivo dentro de la lucha política desde el actual gobierno.

A esto se suma la excesiva publicidad con la que se mueve para congelar cuentas y levantar suspicacias contra funcionarios públicos, sin establecer firmemente la causa de sus acciones. En otras palabras, hay que ver con suspicacia cualquier acción que realice, en especial las “más espectaculares”.

Por otro lado, la ya maltrecha imagen de los organismos electorales, en particular de la máxima instancia judicial electoral del país, queda en entredicho nuevamente, justo al inicio de un proceso electoral que se antoja complejo, disputado y polarizado en extremo. Eso no deja de ser llamativo, ya que la UIF está a cargo del ex Magistrado Electoral Regional y ex Fiscal Especializado en Delitos Electorales, Santiago Nieto.

Todo lo anterior deja el río muy revuelto y es por esto que los ciudadanos debemos preguntarnos una vez más ¿a quién beneficia estas acciones?, ¿por qué, si las autoridades tenían esta información desde hace meses, la hacen pública en este momento?, ¿por qué esperar a que el magistrado Vargas Valdés ascienda a la presidencia del organismo que declara legales las elecciones?

La respuesta parcial a esto se encuentra dentro de la cultura de ilegalidad y ataque a las autoridades electorales por parte de los actores políticos (gobiernos anteriores y actual, partidos políticos) para desgastar su imagen y credibilidad entre los ciudadanos. Se trata de controlar a los que controlan sus acciones para así, actuar con impunidad.

El río revuelto del ataque a las instituciones facilita las impugnaciones mediáticas, el linchamiento en redes, las movilizaciones de militantes y acarreados. Si se debilitan las posibles consecuencias derivadas de las sentencias, se reduce el rango de acción y reacción de los magistrados del TEPJF, a la vez que se fomenta la desobediencia de los actores políticos bajo argumentos difícilmente comprobables, como asegurar que las autoridades que tratan de meterlos en cintra están siempre “vendidos”.

Sin duda el actual magistrado presidente debe de aclarar este tema. Tanto por su bienestar personal, profesional y familiar como por la urgente necesidad de fortalecer la credibilidad del órgano que preside y de los efectos que este tema pueda tener en la gobernabilidad y estabilidad social posterior a las elecciones.

No obstante, es claro que el discurso actual de la lucha contra la corrupción es una red muy grande en este río inquieto. En especial si se usa con criterios políticos.

@HigueraB

#InterpretePolitco

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