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EDITORIALES

Editorial El Universal / ¿Adiós, trabajo infantil?

Un nuevo programa gubernamental está por publicarse en el Diario Oficial de la Federación. Se trata del Programa Nacional para Prevenir y Erradicar el Trabajo Infantil y Proteger a los Trabajadores Adolescentes en Edad Permitida (…) En este momento, de acuerdo con el Inegi, hay 2.5 millones de niños que trabajan en el país (…) Es en esta parte donde la autoridad debe intervenir para apoyar al menor a que concluya sus estudios sin que eso signifique un agravamiento en las condiciones sociales de la familia. El otorgamiento de becas durante todo el periodo educativo del menor debe ser una condición necesaria (…) ¿Será el fin del trabajo infantil? El resultado sólo será visible en unos años, pero no será nada fácil. Para que el programa tenga éxito se requiere una coordinación que pueda exigir a los tres niveles de gobierno vigilancia y sanciones para quienes contraten a menores.

 

Editorial La Jornada / Conflicto magisterial: judicialización cuestionable

Ante la difusión y expansión del movimiento magisterial en diversas entidades, el Ejecutivo federal exhibe su determinación de enfrentar el conflicto por vías judiciales y policiales. Independientemente de lo fundado o infundado de las acusaciones contra los 26 líderes magisteriales que hasta ahora se encuentran en calidad de probables responsables, el rigor legalista mostrado por el gobierno ante presuntos actos de corrupción de la dirigencia magisterial contrasta con la laxitud que se percibe en el desempeño oficial en los diversos escándalos que se han suscitado durante el actual sexenio, por ejemplo: operaciones privadas realizadas al amparo del poder público, como los casos de Oceanografía, OHL, Higa y otras corporaciones (…) Frente al panorama descrito, el rigor mostrado contra los líderes del magisterio disidente es visto como expresión de doble rasero, un propósito represivo disimulado o bien como una manera de desviar la atención del fondo del conflicto magisterial, el cual difícilmente podrá ser resuelto en ámbitos judiciales o con el recurso de la fuerza pública.

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